El encarecimiento del coste de los contratos públicos obliga a proponer una modificación en la ordenanza fiscal del IBI
El Ayuntamiento, como Administración Local, es la principal administración pública garante de la prestación de servicios públicos que en el día a día influyen en la vida de nuestros vecinos y vecinas.
En los últimos años, desde el mismo se han llevado a cabo iniciativas con el objeto de rebajar la presión fiscal de los contribuyentes, introduciendo y creando bonificaciones en distintos impuestos como el IBI o el ICIO. En concreto, en relación al Impuesto de Bienes Inmuebles, en el año 2023 y 2022, se modificó la Ordenanza reguladora del impuesto para introducir bonificaciones para los bienes inmuebles con sistemas de aprovechamiento eléctrico de la energía solar y bonificar la cuota del impuesto sobre los bienes de naturaleza rústica a las parcelas con planta desaladora. En 2021 se redujo el tipo impositivo de los bienes de naturaleza urbana, pasando del gravamen 0,519% al 0,510% lo que supuso desde el año 2022 una reducción en los recibos de casi el 2%.
“Durante estos dos últimos ejercicios presupuestarios hemos visto como los principales contratos municipales se han encarecido notablemente. Por un lado, debido al aumenta de prestaciones, así como también por el crecimiento del municipio y, por tanto, el necesario incremento de servicios y ámbitos de actuación. El aumento del salario mínimo interprofesional y la mejora de los Convenios Colectivos de los trabajadores ha supuesto también un aumento en el coste de los recursos humanos a la hora de cuantificar dichos contratos de prestación de servicios, por todo ello- ha manifestado el edil de Hacienda, José Manuel Gálvez- se ha hecho necesario una propuesta de modificación en la Ordenanza Reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, en torno al 4%, para el ejercicio económico de 2025”.